PATRICIA TUBELLA - Londres - 27/11/2009
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El clero católico de Irlanda abusó de niños y lo hizo en connivencia con el Estado. Medio año después de que se divulgaran terribles pormenores sobre agresiones sexuales a menores en las escuelas, un nuevo informe oficial, que abarca el periodo comprendido entre 1975 y 2004, revela este contubernio entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, incluidas la fiscalía y la policía. El ministro de Justicia irlandés, Dermot Ahern, admitió ayer que las propias autoridades facilitaron el encubrimiento de los casos para proteger a los curas pederastas. De la investigación se desprende que la Iglesia antepuso la defensa de su reputación a la protección de niños vulnerables que estaban a su cuidado.
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El Gobierno admite "acciones u omisiones" y pide perdón
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Los Hermanos Cristianos darán 161 millones de euros para reparar daños
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El documento presentado por Ahern se centra en las alegaciones de abusos contra 46 sacerdotes de la archidiócesis de Dublín. La jerarquía católica encubrió sistemáticamente las denuncias para eludir el escándalo, y para ello contó con el apoyo del establishment irlandés y de su atávico servilismo hacia la Iglesia. En lugar de informar a las autoridades sobre las denuncias de tremendas agresiones, los superiores de esos sacerdotes optaban por trasladarlos de parroquia en parroquia, donde acababan hallando a nuevas e inocentes víctimas. Aunque el informe exime de responsabilidades al actual arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, sí apunta directamente a la responsabilidad de varios de sus antecesores, entre ellos, los prelados John Charles McQuaid, Dermot Ryan y Kevin Mcnamara, los tres ya fallecidos. También implica a Desmond Conell, hoy retirado, quien no permitió hasta finales de 1995 que se canalizaran las denuncias contra 17 sacerdotes, si bien las reiteradas quejas recibidas afectaban entonces al menos a 28 clérigos de su diócesis.
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Ilustrativa de la participación policial en el encubrimiento es la historia de un pequeño de 11 años objeto de abusos. Un sacerdote acudió a denunciar las agresiones sufridas por Andrew, pero los agentes, en lugar de emprender una investigación, plantearon el asunto ante la jerarquía eclesiástica, lo que supuso el punto final del caso. El ministro Ahern reconoció ayer que "en algunos casos, y debido a acciones u omisiones, algunas personas que buscaron ayuda no siempre recibieron el nivel de respuesta y protección que debió garantizarles la An Garda Siochána (policía de Irlanda)".
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La indignación que ha suscitado el Informe de la Comisión de Investigación sobre la Archidiócesis Católica de Dublín obedece primordialmente a la participación de los poderes públicos en un sistema que buscaba proteger a la Iglesia por encima de todo. Los irlandeses ya habían asistido con horror al relato sobre los abusos sexuales de sacerdotes a menores, recogido en un documento que vio la luz el pasado mayo. El Informe Ryan, elaborado por la comisión investigadora de abusos a menores, es un catálogo de sistemáticas tropelías, de agresiones físicas y verbales cometidas por sacerdotes, monjas y personal seglar a lo largo de más de 60 años. Una pesadilla que afectó a miles de niños y que tuvo su escenario en instituciones estatales gestionadas por la Iglesia. La congregación de los Hermanos Cristianos, responsable de gestionar esos centros, ya ha prometido desembolsar 161 millones de euros en concepto de reparación.
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El responsable de la cartera de Justicia ha animado a quienes conozcan más casos de esa naturaleza a que acudan a la policía para que "los agresores puedan ser llevados ante la justicia". El informe no recoge los nombres de las víctimas ni de los agresores para no invalidar futuros procesos.
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El ministro tuvo que disculparse en nombre del Estado por su inacción o directamente complicidad, aunque insistió en que la cruda realidad que reflejan sus 700 páginas no debería ensombrecer "el trabajo de miles de sacerdotes honrados", empezando por aquellos que persiguieron e intentaron denunciar tales abusos.
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